- Propone exhibir a los agresores como forma de inhibir los delitos que provocan desintegración familiar.
“La violencia contra las mujeres y las niñas es una pandemia que no hemos logrado disminuir”, expuso la diputada Gaby Hernández López, al informar que de acuerdo al Semáforo Delictivo, de octubre de 2020 a septiembre de 2021, ocurrieron en el estado 8 feminicidios, 316 violaciones y 5 mil 404 casos de brutalidad familiar del que mayoritariamente son víctimas las hembras.
En el marco de la Iniciativa con proyecto de decreto que crea la Ley del Registro Público de Agresores Sexuales del Estado, que promueve el grupo parlamentario del PRI en el Congreso local, Gabriela López enfatizó la estadística de las agresiones que se han registrado en el último año por parte del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, y que son la motivación para implementar medidas adicionales que contribuyan a inhibir este tipo de ilícitos.
“Es viable el funcionamiento de una herramienta de difusión acerca de las personas sentenciadas por dichos delitos, lo que contribuye, primeramente, a visibilizar las dimensiones de la problemática, y en consecuencia, contribuir a la disminución de la misma”, explicó el contenido del proyecto ante el pleno de legisladores.
Desde la visión de la legisladora priista, de aprobarse la propuesta, se establecerían las bases para enlistar a los agresores sexuales del estado, “se contribuirá al derecho de las víctimas a la no repetición de conductas agresivas en su contra”.
Al solicitar el apoyo de los diputados de todos los partidos, agregó que los alcances públicos y reservados de la información deberán quedar claramente normados, así como los procedimientos para inscribir, rectificar o cancelar los datos, con garantía de protección.
El padrón contendrá informes de personas sentenciadas por delitos de carácter sexual, considera la iniciativa, con un apartado al cual solamente tendrá acceso los Ministerios Públicos y personas autorizadas por la autoridad judicial competente.
En aras de asegurar la veracidad, autenticidad, integridad y accesibilidad de la información, enfatizó Gaby Hernández, se prevé la obligación de la Secretaría General de Gobierno estatal, para suscribir convenios de colaboración con la Fiscalía, autoridades federales y municipales, organizaciones de la sociedad civil, defensores de los derechos humanos e instituciones académicas con el fin de intercambiar información y experiencias.
Los representantes populares priistas impulsan la iniciativa que se encuentra en etapa de dictaminación en la Comisión de Justicia, a fin de que se apruebe por el pleno y se genere otro instrumento para inhibir la violencia contra las mujeres y niñas.