- Se podrá sancionar de uno a cinco años de prisión: Fernando Rocha
El diputado Fernando Rocha Amaro presentó la iniciativa de reformas al Código Penal del Estado, para agregar como delito la conducta por parte del patrón que por cualquier medio obligue o condicione a un trabajador a firmar documentación en blanco para su contratación o en cualquier otro momento de la relación laboral y que implique la renuncia a derechos de los trabajadores o le imponga obligaciones sin acuerdo previo y consensuado, lo cual se podrá sancionar de uno a cinco años de prisión.
“Si bien es sabido que los derechos laborales son irrenunciables, ello no ha sido impedimento para que, abusivamente, algunos patrones entablen o pretendan establecer una relación de trabajo bajo un desconocimiento de los derechos de las personas a su servicio, a través de la coerción sobre estos para la firma de documentos que implican una carga en su contra o una renuncia en favor de la parte patronal”, resaltó.
Al realizar la ampliación de motivos, Rocha Amaro señaló que en estos tiempos, debido a la precaria condición en la que se ha colocado a miles de mexicanos por las consecuencias en el sector productivo ocasionadas por la pandemia de covid-19, más que nunca se debe proteger los derechos de los trabajadores y la dignidad de su persona.
“En la práctica jurídico-laboral, es común que se conozca de casos en que los trabajadores son obligados o presionados para que firmen documentos que les mermen o disminuyan sus derechos laborales, tales como una renuncia voluntaria o renuncia a prestaciones, entre otros”, informó a nombre del Grupo Parlamentario del PAN.
Agregó, que incluso se les llega a coaccionar para que firmen documentos en blanco como condición para su contratación por determinada empresa y su ingreso a la planta laboral de la misma.
“En lo que respecta a los legisladores, podemos y debemos ajustar la normativa que tenga efectos directos e indirectos en los derechos que derivan de las relaciones laborales”, afirmó.