Como consecuencia de la Declaratoria de la Alerta de Género se deben coordinar acciones interinstitucionales de seguridad, prevención y justicia, que permitan dar continuidad a la estrategia de atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres en la entidad, consideró la presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Sandra Amaya Rosales.
“Es nuestro deber estar atentos y colaborar con las autoridad estatal y municipal en el cumplimiento puntual de todas las medidas que establece la Declaratoria de Alerta de Género para el Estado de Durango”, puntualizó al realizar un pronunciamiento en la Sesión Ordinaria
En este sentido, informó que la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres para el Estado ha sido notificada para su cumplimiento al Titular del Poder Ejecutivo, a los presidentes municipales de los 16 municipios señalados y al Poder Legislativo, para conocimiento de los integrantes de la Sexagésima Octava Legislatura.
“En 2017 se documentaron 14 asesinatos de mujeres, de los cuales sólo uno fue catalogado por las autoridades estatales como feminicidio, cuya respuesta institucional ante los homicidios de mujeres ha sido la minimización y la negación del fenómeno llegando al extremo de no investigarlo para no tipificarlos como tales”, informó Amaya Rosales.
Al respecto, la coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, comentó que las autoridades estatales y de los 16 municipios especificados deberán asumir medidas de seguridad, de justicia y reparación y de prevención, como son instalar a la brevedad los Consejos Municipales para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia de Género Contra las Mujeres.
Así como la creación o fortalecimiento de puntos de atención inmediata a mujeres en situación de violencia, de carácter multidisciplinaria en materia de asistencia jurídica, psicológica, salud y el respectivo protocolo de actuación de las y los servidores públicos encargados de brindar los servicios correspondientes.
Entre otras de las acciones, destacó la difusión masiva del número de emergencia nacional 911 en los 16 municipios, el fortalecimiento de las agrupaciones municipales, estatales o mixtas de seguridad pública especializadas en los casos de atención de la violencia contra las mujeres, como lo es el Programa Esmeralda.
Además de ello, consideró que hace falta la creación o fortalecimiento de albergues para mujeres víctimas de violencia sus hijas e hijos en las cuatro regiones estatales, garantizando su cobertura y enfoque diferencial y especializado, el mapeo de los delitos cometidos en contra de mujeres, emitir el protocolo de atención de la violencia familiar