- Además, fortalece el derecho de las mujeres una vida libre de violencia
El Congreso del Estado aprobó una reforma constitucional para reconocer plenamente el derecho a la igualdad sustantiva, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y la incorporación de la perspectiva de género como eje transformador de las relaciones de opresión, desigualdad y violencia.
Esta reforma es resultado de cinco iniciativas presentadas por todas las representaciones políticas del Congreso del Estado y analizadas por la Comisión de Puntos Constitucionales, reflejando un amplio consenso y una visión compartida en favor de los derechos humanos.
Al intervenir en tribuna, la diputada Delia Enríquez Arriaga afirmó que la adecuación constitucional fortalece el Estado de derecho, garantiza la igualdad de todas las personas y protege los derechos humanos del pueblo, además de reafirmar que en Durango se toma en serio la supremacía constitucional.
“Muchas luchas históricas como la de las mujeres que se movilizaron para el reconocimiento de sus derechos políticos, para el voto y hasta las marchas del 8M contra la violencia y por nuestros derechos se consolidan aquí, poniéndole obligaciones al Estado”, expresó.
Agregó que estas reformas también recogen las luchas de las diversidades que han exigido no ser discriminadas ni invisibilizadas y es fruto de la visión de todas las fuerzas políticas que representan la voluntad popular y que responde a la realidad que se vive en las calles, en la vida cotidiana y en las instituciones.
Entre los puntos centrales de la reforma, destaca que el Estado promoverá, respetará, protegerá y garantizará en los ámbitos educativo, laboral, político, económico y social el derecho a la igualdad sustantiva de las mujeres. Asimismo, se garantiza el derecho de todas las personas sin discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género y características sexuales.
En materia de seguridad pública, el Estado y los municipios ejercerán sus funciones incorporando la perspectiva de género y el pleno respeto a los derechos humanos; además, se establece el derecho de toda persona a recibir igual remuneración por trabajo igual, sin distinción de sexo, género o nacionalidad, y mandata que las leyes deberán crear mecanismos para reducir y erradicar la brecha salarial de género.
Otro de los puntos relevantes es que los nombramientos de las personas titulares en la administración pública estatal y municipal deberán observar el principio de paridad de género, y las leyes definirán las modalidades para garantizar su cumplimiento.