Prevalecen principios de legalidad, honestidad,
austeridad y transparencia
Por unanimidad, el Congreso del Estado aprobó Ley de Disciplina Financiera y
Responsabilidad Hacendaria para el Estado, en materia presupuestaria,
endeudamiento, transparencia y rendición de cuentas del uso de los ingresos y del
ejercicio del gasto públicos del Estado y los municipios, con la finalidad de que
tengan estabilidad financiera.
El dictamen lo presentó la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública en
virtud a la iniciativa que presentaron en conjunto los legisladores del PAN, PRI,
PRD, PNA, PVEM y PT.
La presidenta de la Comisión, Patricia Jiménez Delgado explicó que se establecen
los principios de legalidad, honestidad, eficacia, eficiencia, economía, racionalidad,
austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas, para que el Estado y los
municipios tengan finanzas equilibradas.
De esta manera, el nuevo ordenamiento jurídico establece que las Leyes de
Ingresos y los Presupuestos se deben realizar bajo proyecciones que abarquen un
periodo de cinco años, en adición al ejercicio fiscal en cuestión con base a los
formatos que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable, así como
identificar los riesgos relevantes de las finanzas.
Además, se establece como principio básico que la contratación de financiamientos
y obligaciones debe estar destinada a inversiones públicas productivas o, en su
caso, a su refinanciamiento o reestructura, incluyendo los gastos y costos
relacionados con la contratación de dichas Obligaciones y Financiamientos.
Para ello, de manera previa a la aprobación, el Congreso del Estado deberá analizar
la capacidad de pago del ente público, el destino del financiamiento u obligación y,
en su caso, el otorgamiento de recursos como fuente o garantía de pago.
La Entidad de Auditoría Superior del Estado será la encargada de realizar
previamente el análisis de la capacidad de pago del Ente Público a cuyo cargo
estaría la deuda pública u obligaciones, en virtud de ser la EASE, el órgano técnico
de fiscalización del Congreso, quien tiene los antecedentes e historiales de los
entes públicos, ya que es quien revisa anualmente sus cuentas públicas.
Por lo que los presupuestos desde su elaboración por el Estado y sus entes públicos
deberán cumplir con lo establecido en la legislación local aplicable, la Ley General
de Contabilidad Gubernamental y las normas que para tal efecto emita el Consejo
Nacional de Armonización Contable, con base en objetivos, parámetros
cuantificables con los planes estatales de desarrollo y los programas derivados de
los mismos.