“En el Congreso del Estado estamos construyendo acuerdos que verdaderamente mejoren la vida de las familias duranguenses. Ese es el sentido social que guía nuestro trabajo”, afirmó el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Ernesto Alanís Herrera.
Al hacer un resumen del trabajo legislativo de la semana, informó que se recibió formalmente el Paquete Económico 2026 enviado por el Gobierno del Estado, documento que está siendo analizado bajo criterios de responsabilidad, disciplina financiera y visión social, con el fin de que cada recurso público se traduzca en beneficios reales para la población.
El legislador señaló que a través de las reformas constitucionales se avanzó en la consolidación del nuevo sistema estatal de acceso a la información, ya que las funciones del IDAIP ahora las asumen el Tribunal de Justicia Administrativa, quien será la instancia encargada de conocer y resolver el recurso procesal que se interponga en esta materia.
“La transparencia no es un capricho; es una exigencia ciudadana y un pilar de la vida democrática”, afirmó.
Además, se reconoció plenamente el derecho a la igualdad sustantiva, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y la incorporación de la perspectiva de género como eje transformador de las relaciones de opresión, desigualdad y violencia
También destacó las modificaciones a la Ley para el Ejercicio de las Profesiones en el Estado, con el propósito de brindar mayor certeza a la ciudadanía y asegurar que quienes prestan servicios profesionales cumplan con los requisitos de formación y ética que demanda la sociedad duranguense.
Asimismo, se avalaron tres reformas a la Ley de Educación del Estado que fortalecen directamente el desarrollo de niñas, niños y familias: la ampliación del programa de desayunos escolares, la promoción del uso correcto del lenguaje nacional y la implementación de la figura de ‘Escuela para Padres’.
Finalmente, Alanís Herrera informó que la Comisión de Hacienda trabaja de manera permanente en la revisión de las leyes de ingresos de los 39 municipios, con el objetivo de garantizar que los ayuntamientos cuenten con instrumentos financieros justos, eficientes y acorde a las demandas de la ciudadanía.