- Se debe fortalecer la confianza, la corresponsabilidad y la honestidad en las relaciones familiares
A fin de sancionar a quien, con dolo y engaño, atribuya falsamente una paternidad a sabiendas de que no corresponde a la verdad biológica, el diputado Héctor Herrera Núñez presentó la iniciativa para tipificar la falsa paternidad como delito en el Código Penal del Estado.
Durante su intervención en tribuna, el coordinador de la Coalición Parlamentaria Cuarta Transformación, señaló que la paternidad es uno de los actos más trascendentes en la vida de una persona, ya que implica un compromiso moral, emocional y económico con una hija o hijo, con una familia y con la sociedad.
“Cuando este vínculo se construye sobre una mentira, se genera un daño profundo que afecta no sólo al hombre involucrado, sino también a los menores y al tejido social que pretendemos fortalecer”, expresó.
En este sentido, aclaró que el objetivo no es criminalizar errores, sino castigar el engaño intencional que destruye vidas y vulnera derechos; además de fortalecer la confianza, la corresponsabilidad y la honestidad en las relaciones familiares.
Por ello, se prevé establecer que a quien atribuya las obligaciones de parentesco o paternidad a un tercero que no le corresponde se le impondrá una pena de dos a cinco años de prisión y una multa de trecientas a quinientas veces la Unidad de Media y Actualización.
Herrera Núñez advirtió que en México miles de hombres han enfrentado la dolorosa realidad de descubrir, después de años y sacrificios, que no son los padres biológicos de los hijos que creyeron suyos, lo que les ha dejado secuelas emocionales, económicas y legales difíciles de reparar.
“Si exigimos a los hombres que cumplan con sus deberes paternos, también debemos exigir que las mujeres actúen con verdad, con ética y con respeto a la justicia. La verdadera igualdad entre hombres y mujeres se construye enfrentando las realidades incómodas con madurez y empatía”, enfatizó.
Consideró que no se puede seguir permitiendo vacíos legales que disfracen mentiras de derecho, por lo que se necesita leyes que garanticen que la verdad y la justicia sean los principios rectores de nuestra convivencia; como el caso de países como España, Chile y Perú ya contemplan sanciones al respeto, incluso con penas privativas de libertad e indemnizaciones por daños morales y económicos.