Dany Soto presenta iniciativa para garantizar vida digna y cuidados a mayores de 65 años.
De aprobarse la iniciativa, podrían desistirse de donaciones realizadas a familiares.
Diputados del PRI, en voz de Dany Soto Hernández, buscarán reformar el Código Civil del Estado de Durango para que, personas mayores de 65 años puedan disfrutar de una vida digna, en cuanto alimentación, salud y movilidad una vez hayan donado sus bienes a familiares.
En la ampliación de motivos, la legisladora del PRI explicó que se pretende reformar los artículos 2229 y 2251 de la norma en mención, a fin de que, cuando donan sus bienes a descendientes -ya sea hijos o nietos- los adultos mayores puedan repudiar o desistirse de tal donación por desatención, falta de apoyo alimenticio, violencia (en cualquiera de sus expresiones) o abandono.
Dijo que cuando un adulto mayor acuda ante el Notario Público para formalizar una donación, el fedatario tendría la obligación legal de incluir una cláusula de usufructo vitalicio; es decir, que la persona de 65 o más años, podrá seguir haciendo uso del bien hasta su fallecimiento o bien, si el beneficiario de la donación renta o vende, tendrá la obligación de compartir parte de esa operación con el donante.
En el mismo sentido, argumentó Dany Soto, los últimos datos nacionales sobre violencia contra personas adultas mayores y de acuerdo en la Encuesta Nacional sobre Discriminación, arrojó resultados preocupantes. Entre otros, el estudio realizado por INEGI, estableció que el 44.9%, de los adultos mayores encuestados opinó que en el país se respetan poco o nada sus derechos. Más: El 24.8%, reconoció haber experimentado al menos un incidente de negación de derechos: atención médica o medicamentos, recibir apoyos de programas sociales, atención en oficinas de gobierno.
Asimismo, el 17%, experimentó al menos una situación de discriminación en los últimos 5 años. De ellos, 61.1% consideró que la discriminación se debió a causa de su edad.
Finalmente, la diputada Dany Soto Hernández, aseguró que la iniciativa presentada ante el Pleno del Congreso del Estado, busca proteger a los adultos mayores y no dejarlos en estado de indefensión en caso que los descendientes que ha recibido una donación y no cumplan con la manutención de sus padres, puedan revocar la donación por ingratitud y recuperar los derechos legales sobre los bienes legados.