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H. Congreso del Estado de Durango

Impulsa Alejandro Mojica vivienda justa y accesible con inmobiliarios certificados

  • Presenta GPPAN Ley para garantizar certeza jurídica en compra y renta de vivienda

Con el propósito de ordenar y regular el mercado inmobiliario, proteger a compradores y arrendatarios, y garantizar certeza jurídica en todas las transacciones, el diputado Alejandro Mojica Narvaez presentó la iniciativa para crear la Ley que Regula los Servicios Inmobiliarios en el Estado.

“La vivienda no es un lujo; es un derecho fundamental que hoy se ha vuelto un desafío cada vez más grande para nuestros habitantes”, señaló el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN.

Al exponer los motivos de la iniciativa, informó que se busca crear un Registro Obligatorio para Agentes y Empresas Inmobiliarias, un Sistema de Certificación de Conocimientos y un Código de Ética, con el objetivo de brindar certeza jurídica a las familias.

En este sentido, subrayó que la propuesta no pretende frenar al sector, sino profesionalizarlo y fomentar la competitividad. “Una regulación justa y clara no solo protegerá a las familias de fraudes, sino que también abrirá oportunidades para que el mercado inmobiliario crezca con orden”, precisó.

Durante su intervención, agregó que la falta de transparencia en el sector no solo afecta el bolsillo de las familias, sino que también representa un problema de seguridad. Con esta ley, dijo, se dará certeza jurídica y se protegerá el patrimonio de los duranguenses.

El legislador explicó que, de acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), Durango necesita al menos siete mil viviendas al año, pero la oferta de vivienda nueva apenas alcanza cuatro mil 500 unidades, lo que significa menos de la mitad de la demanda. Esta situación provoca un alza desmedida en los precios de la vivienda usada y una presión insostenible para las familias.

Mojica Narvaez destacó que el precio promedio de una casa en la entidad supera los 1.7 millones de pesos, mientras que una vivienda de interés social ronda los 950 mil pesos. En cuanto a la renta, el promedio mensual asciende a 7,500 pesos, con una oferta limitada de apenas 715 inmuebles disponibles.

“La falta de regulación deja a los arrendatarios en una posición de vulnerabilidad, con cláusulas abusivas y depósitos que nunca son devueltos. Durango merece un mercado inmobiliario justo, transparente y competitivo. Es hora de poner orden en el sector para que cada familia pueda acceder a una vivienda digna sin ser víctima de abusos”, concluyó.