La diputada Gina Campuzano González, a nombre de los Grupos Parlamentario del PAN y del PRD, presentó una iniciativa de reformas y adiciones a la Ley de Seguridad Pública del Estado de Durango que plantea reducir los años de protección a servidores públicos, así como dignificar la labor de los elementos designados a este encargo.
En el caso de exgobernadores se pretende reducir el tiempo de protección de cuatro a dos años; en los casos del secretario general de Gobierno, Fiscal General y secretario de Seguridad Pública, disminuye de tres a dos años; en el de los vice-fiscales se deja en dos años y los demás funcionarios les corresponderán hasta un año.
Además se propone que la cantidad de elementos designados no podrá ser superior a seis elementos de los exservidores públicos que tienen protección.
Aunado a lo anterior, se propone que la cantidad de los elementos operativos así como la duración de la protección de las personas interesadas, serán materia de un estudio técnico a cargo del secretario de Seguridad Publica, mismo que se dictaminara de conformidad a los niveles de riesgo y circunstancias operativas que en cada caso particular deban de ser consideradas.
Finalmente, se plantea que los elementos operativos designados como escoltas, no pueden desempeñar ningún servicio o realizar labores distintas a la protección, vigilancia, custodia o seguridad del o los funcionarios, exfuncionarios o personas encomendadas para su protección, ni estarán bajo el mando o a la orden de las personas a quienes debe prestar el servicio.
Asimismo se prevé que la Policía podrá disponer en su caso, de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para garantizar la protección de los servidores públicos enunciados y de los integrantes de su familia directa.
“Hoy en día, existe una gran indignación en la sociedad por la clara diferenciación entre los altos funcionarios y el resto de los ciudadanos, el uso de escoltas, guardias o vigilancia personal está a total discreción de las autoridades encargadas de la Procuración de Justicia y de Seguridad Publica”.
Gina Campuzano consideró que es inadmisible, injusto e ilegal que sólo unos cuantos utilicen protección particular y dejen a los ciudadanos a su suerte, ya que “la asignación de escoltas es en menoscabo de la seguridad pública y eso lo tenemos documentado, la disminución del estado de fuerza por elementos que se van a cuidar a unos cuantos. Estas decisiones se hacen de forma discrecional y aunque debiera existir un dictamen técnico, no lo tienen, no lo hacen o no lo quieren compartir”.