Se busca establecer una cultura de la
dignidad humana
La iniciativa de reformas a Ley Estatal para la Integración Social de las Personas con
Discapacidad, prevé crear el Instituto Duranguense para las Personas con
Discapacidad, el cual promoverá e impulsar las políticas públicas en esta materia,
señaló la diputada Marisol Peña Rodríguez.
En este sentido, explicó que estas adecuaciones al marco vigente son resultado de
las 95 propuestas que se presentaron en los seis foros de consulta que realizó el
Congreso del Estado, para escuchar las demandas y planteamientos de la sociedad
civil, organizaciones no gubernamentales y sobre todo a las personas con
discapacidad.
“Las personas con discapacidad siguen enfrentando serias dificultades en todos los
ámbitos de su vida, desde adaptar sus casas para poder desplazarse en ellas, hasta
salir y transitar por la calle, por lo que las políticas públicas no deben limitarse a reconocer
derechos, sino que todas las instancias y la sociedad civil deben intervenir”, señaló.
Destacó que la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2012 del
INEGI, muestra que en las familias con menos ingresos económicos es donde hay
una presencia más alta de personas con discapacidad, donde el rubro de salud
puede ser hasta tres veces más alto en comparación con los hogares que no tienen
personas con discapacidad.
Por ello, propone que una vez que se haya certificado la existencia de tres tipos de
discapacidad en un mismo individuo y que también se encuentre en caso de
pobreza extrema, el gobierno del Estado le respalde con un apoyo económico, que
le ayude a solventar gastos médicos generados con motivo de su condición.
Además, se incluyen los derechos a la vida, toma de conciencia, habilitación y
rehabilitación, desplazamiento y nacionalidad, situaciones de riesgo y emergencias
humanitarias, los cuales no estaban contemplados.
Así como el respeto de la privacidad, participación en la vida política, pleno
desarrollo de las mujeres con discapacidad, como principio rector, protección
contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes,
protección contra la explotación, la violencia y el abuso, protección de la integridad
de la persona y respeto del hogar y de la familia.