Reciben informe del Tribunal de Justicia Administrativa y del INEVAP
Con la finalidad de promover la transparencia y rendición de cuentas de los servidores públicos, el Congreso del Estado, recibió los informes de actividades de los titulares del Tribunal de Justicia Administrativa y del Instituto de Evaluación de Políticas Públicas del Estado; a quienes los legisladores locales cuestionaron en diversos temas.
De esta manera, en cumplimiento a lo que establece la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa, acudió al Poder Legislativo el magistrado presidente Jasón Eleazar Canales García, quien dio a conocer que en el 2022 recibieron 803 demandas, lo que representa un incremento del 12 por ciento en relación al año anterior, donde más del 80 por ciento de las resoluciones emitidas fueron a favor de la ciudadanía.
Una vez que escucharon la exposición del servidor público, los diputados locales Mario Delgado, Jennifer Deras, J. Carmen Fernández, Fernando Rocha, Marisol Carrillo y Enrique Benítez, sobre las aportaciones que ha hecho el Tribunal en el combate a la corrupción, los juicios en línea, el servicio de estacionamientos y las controversias presentadas.
Durante su informe, el presidente del Instituto de Evaluación de Políticas Públicas del Estado, Emiliano Hernández Camargo, precisó que mientras la Entidad de Auditoría Superior del Estado, fiscaliza la aplicación y comprobación de los recursos públicos, el INEVAP, evalúa los resultados de las políticas públicas; es decir, medir y evaluar el impacto social de los programas y acciones de gobierno, por lo que en el 2022 se efectuaron 23 evaluaciones a dependencias del gobierno del estado y los municipios.
De esta manera, una vez más los diputados del PT, PVEM y PRD hicieron uso de la tribuna para conocer si se encontraron indicadores de corrupción en las evaluaciones, cuales son la áreas de oportunidad del Instituto y las valoraciones realizadas para mejorar la salud mental.
A estos cuestionamientos se sumaron los diputados Gerardo Galaviz y Ricardo Pacheco y la legisladora Ofelia Rentería; sobre los retos de la educación en las comunidades indígenas y más alejadas; los programas que deben mejorarse en obra pública y el combate a la pobreza.
A través de este ejercicio democrático, los organismos autónomos dan cumplimiento a la fiscalización que tiene por obligación realizar el Poder Legislativo de Durango.