Cuando alguna obra resulte defectuosa, el contratista, el supervisor y quienes
elaboren y autoricen el proyecto ejecutivo deberán tener responsabilidad solidaria
por los daños generados al Estado o a la hacienda pública municipal, de acuerdo a
la iniciativa de reformas a la Ley de Obra Pública del Estado.
Esta propuesta de modificación al ordenamiento vigente, la presentaron de
manera conjunta el Grupo Parlamentario del PRD y el Grupo Parlamentario del PAN
en el marco de la Sesión de la Comisión Permanente del Congreso del Estado.
Al realizar la ampliación de motivos dentro del pronunciamiento “Legislación en
materia de Obra Pública”, la diputada Rosa Isela de la Rocha Nevárez, dijo que esta
medida, también aplica cuando la obra no fue apegada a los estándares convenidos
con el contratista.
De la Rocha Nevárez dio a conocer que correspondería resarcir el 45 por ciento del
daño a quien elaboró y autorizó el proyecto ejecutivo; el 45 por ciento al
contratista y el 10 por ciento al supervisor que no cumplió con sus obligaciones
establecidas en el contrato.
Agregó que resulta imperante el llevar a cabo acciones concretas para combatir la
corrupción en la obra pública.
Por ello, indicó, la presente iniciativa tiene como objetivo principal erradicar las
malas prácticas existentes en el sector, tomando como base la reglamentación
internacional, así como mecanismos de transparencia y rendición de cuentas que
fomenten los procedimientos competitivos e imparciales en la obra pública.
“Cuando hay corrupción en la ejecución en la construcción de la obra pública, esta
pierde su sentido como instrumento al servicio del interés del pueblo y se convierte
en una fuente de financiamiento de otros intereses personales”, lamentó la
diputada.