Se apoyará a los juzgadores y se protegerán las
garantías de los duranguenses
Es necesario que el Consejo de la Judicatura evolucione, reconociéndoselo como
órgano autónomo, con plena libertad de acción, para llevar a cabo sus tareas
abocadas a la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial del Estado,
consideró el diputado Luis Enrique Benítez Ojeda al presentar la iniciativa de
reformas a la Constitución del Estado.
“No es tarea fácil, lo sabemos, pero es necesario dar un primer paso, tendiente a
proporcionar una mejor articulación normativa, organizacional y estratégica que
contribuya de manera eficaz hacia la prestación de un servicio de impartición de
justicia”, puntualizó.
Al respecto, el legislador sostuvo que la postura de que sea autónomo, se debe a
que la labor administrativa del Poder Judicial consume demasiado tiempo y
requiere considerables recursos, no sólo humanos, sino también materiales, por lo
que se requiere que sea totalmente independiente y plural, que garantice el buen
desempeño de las funciones administrativas dentro del Poder Judicial.
En este sentido, Benítez Ojeda precisó que para alcanzar la calidad de órgano
autónomo es necesario retirarle al Presidente del Tribunal Superior de Justicia la
facultad de presidirlo, pues de no ser así, no puede concurrir ni la autonomía, ni la
libertad, elementos indispensables para proyectar transparencia, equidad,
eficiencia y eficacia en las labores al interior del Poder Judicial.
Además, señaló que, sólo dotando al Consejo de la Judicatura de plena autonomía,
es como se podrá verdaderamente en la praxis separar las cuestiones
administrativas de las meramente jurisdiccionales dentro del Poder Judicial,
satisfaciendo de esta manera la necesidad de que los órganos judiciales concentren
su energía en las tareas de fondo que deben realizar.
Al respecto, comentó que se requiere una nueva práctica que conduzca a la
implementación de un sistema que promueva un desarrollo eficaz, eficiente,
equitativo y sostenible que genere el fortalecimiento del acceso a la justicia.
De esta manera, la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial, deberá
contar con los instrumentos de política pública debidamente articulados, que sean
complementarios, interdependientes y transversales, que lo eleven como órgano
autónomo para hacerlos concurrir en el objetivo final de ampliar el acceso a la
justicia con un doble propósito, brindar apoyo a los juzgadores en su tarea y
proteger las garantías de los ciudadanos.