• Diputados priistas promueven iniciativas que fortalezcan el sistema estatal que combate los ilícitos de servidores públicos

Aparte de dotar de mayores recursos al Sistema Estatal Anticorrupción, durante el 2022 se pretende aprobar reformas legales que terminen con el miedo a interponer denuncias por presuntos actos fuera de la Ley por parte de servidores públicos.

Según lo dio a conocer el diputado Luis Enrique Benítez, el temor a sufrir represalias y hostigamiento, es lo que inhibe que se denuncien los ilícitos cometidos presuntamente por parte de personas que se desempeñan en la administración pública de los tres órdenes de gobierno.

En tal contexto, el grupo parlamentario del PRI, dentro de la agenda legislativa institucional a desarrollar, promueve adiciones a la Ley Orgánica de la Fiscalía Anticorrupción, con el fin de proteger de manera efectiva a los denunciantes de hechos relacionados con delitos tipificados como actos de corrupción.

Sin invadir atribuciones en otros preceptos como los Códigos local y federal de Procedimientos Penales, se busca que con tales enmiendas se fomente la cultura de la legalidad, “y crear un marco jurídico adecuado que contribuya a la protección segura de quienes denuncien los posibles ilícitos, y se genere confianza en el sistema de combate anticorrupción”, explicó el legislador.

Es parte de los objetivos que se fijó en la agenda de trabajo a desarrollar por la LXIX Legislatura, ante la necesidad de transformación institucional, con relación a la “distribución y ejercicio del poder para fortalecer y consolidar la democracia y el Estado de Derecho”.

Benítez destacó que al fomentar el combate a la corrupción y la impunidad mediante estas reformas, se fortalecerá la autonomía de la Fiscalía y del Ministerio Público del Sistema estatal anticorrupción.

Se impone llevar a cabo una constante mejora a los instrumentos y mecanismos que salvaguarden a las víctimas, ofendidos, testigos y denunciantes, incluyendo la incorporación de herramientas electrónicas, añadió.

Señaló que la norma compromete a Instrumentar campañas de difusión masivas acerca del amparo que se brindará a denunciantes, de tal manera que se provoque confianza.