• Se debe garantizar adecuada lactancia en Ceresos

 

La iniciativa de reformas a la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado, tienen la finalidad de garantizar la adecuada lactancia de los menores por las mujeres que se encuentren recluidas en los Centros de Reinserción Social y así eliminar las muertes por desnutrición, señaló la diputada Rosa María Triana Martínez.

Al ampliar los aspectos de su iniciativa, la legisladora consideró conveniente legislar en materia de maternidad y lactancia, infraestructura adecuada que promueva al interior de los centros penitenciarios, mejor calidad de vida para un sano desarrollo de niñas y niños.

“Es inconcebible que en estos tiempos existan muertes por desnutrición, por problemas respiratorios o problemas intestinales, por ello el estado debe garantizar el inmediato acceso a la salud, profesional y sin burocracia, sin la necesidad que este sector vulnerable se encuentren inscritos en algún sistema de salud, o bien les sea negado el servicio por falta de documentación alguna”, resaltó.

De acuerdo a datos aportados por el INEGI en el año 2015, se registraron 496 muertes de infantes menores de un año, 87 de la edad de un año, de dos a cuatro años se tienen registrados 89 casos y de cinco años a los diecinueve se tiene el número más considerable que son 182 casos

Triana Martínez agregó que la iniciativa se enfoca también a que el servicio y acceso a la salud de los niños duranguenses, los cuales forman parte de un grupo vulnerable debe ser un derecho protegido y garantizado por el Estado.

Asimismo, se pretende eliminar la burocracia del sistema estatal de salud, que desgraciadamente, por diversos motivos, todavía en el estado hay niños que no cuentan con actas de nacimiento, sus padres no cuentan con identificaciones oficiales.

Por ello, la importancia de prestar este servicio de salud sin la necesidad de que la niña, niño o adolecente se encuentre registrado en algún sistema estatal de salud, o no sea el que le corresponda.

Además no se podrá negar o restringir la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, el derecho a la educación ni su participación en actividades recreativas, deportivas, lúdicas o culturales en instituciones públicas, privadas y sociales.