Los diputados locales aprobaron las reformas al Código Penal del Estado, con la
finalidad de agravas las sanciones por delitos de corrupción, con penas hasta de 30
años de cárcel.
Las adecuaciones avalas por los integrantes de la Sexagésima Séptima Legislatura
son resultado de cuatro iniciativas que analizaron las Comisiones Unidas de Justicia
y Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, como parte del Sistema Local
Anticorrupción.
En este sentido, se agravaron las penas de los delitos de intimidación;
enriquecimiento ilícito; abuso de autoridad y uso ilegal de la fuerza pública;
coalición de servidores públicos; uso indebido de atribuciones y facultades; tráfico
de influencia; cohecho; peculado y concusión entre otros.
De esta manera, se impondrán de tres a 12 años de prisión y multa de 216
dieciséis a 864 veces la Unidad de Medida y Actualización al servidor público que
por sí o por interpósita persona, utilizando la violencia física o moral, inhiba o
intimide a cualquier persona, para evitar que ésta o un tercero denuncie, formule
querella o aporte información o pruebas relativas a la probable comisión de un
delito o sobre la posible comisión de algún servidor público.
Además al servidor público que con motivo de sus atribuciones, detenga y
mantenga oculta a una o varias personas o bien autorice, apoye o consienta que
otros lo hagan sin reconocer la existencia de tal privación o niegue información
sobre su paradero, impidiendo con ello el ejercicio de los recursos legales y las
garantías procesales procedentes.
Al respecto, se le sancionará con prisión de 10 a 30 años y multa de 722 mil 60 días
de salario, destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo,
empleo o comisión hasta por 10 años.