Audiencias Públicas se deben desahogar
en lenguaje de señas
La diputada Marisol Peña Rodríguez presentó la iniciativa de reformas a la Ley
Orgánica del Poder Judicial, con el propósito de favorecer el acceso a la justicia de
las personas con discapacidad y de esta manera se puedan emitir resoluciones en
formato braille y desahogar las audiencias en lenguaje de señas.
Al realizar la ampliación de motivos, la también presidenta de la Comisión de
Atención a Personas con Discapacidad, Enfermos Terminales y Adultos Mayores;
destacó que desde tiempo atrás, las personas con discapacidad han sido
discriminadas y excluidas en muchos ámbitos de la sociedad; pero
afortunadamente, en los últimos años se han sentado las bases para crear una
nueva conciencia ciudadana que ha tenido la visión de promulgar nuevas leyes y
reformar en su beneficio.
Por ello, su propuesta prevé incorporar que los jueces y magistrados impartan
justicia en los casos que involucren a personas con discapacidad, aplicando ajustes
razonables que consideren pertinentes conforme a la normatividad de la materia,
especialmente en los casos donde estén involucrados indígenas, mujeres y niñas
con discapacidad.
Peña Rodríguez puntualizó que, en el caso del ámbito judicial, por mencionar
algunos ejemplos, las adecuaciones pudieran consistir en que los jueces también
emitieran sus resoluciones en formato braille si está implicada una persona con
discapacidad visual, o que una audiencia pública también sea desahogada en base
a la lengua de señas mexicana, para el caso de personas con discapacidad auditiva.
De la misma manera, propuso que el Consejo de la Judicatura emita acuerdos para
que el personal del Poder Judicial aplique obligatoriamente los contenidos del
Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren
derechos de personas con discapacidad, el cual es un documento elaborado por
expertos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Finalmente, la representante popular comentó que es importante resaltar que el
acceso a la justicia es un derecho que tenemos todos los mexicanos, pero en
materia de discapacidad cobra relevancia porque ese segmento de la población es
considerado como grupo vulnerable por mandato de nuestra Constitución local.