En la tercera Sesión Ordinaria del día, el Poder Legislativo de Durango avaló la minuta de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer la revocación de mandato y la consulta popular, como métodos de participación ciudadana.
De manera previa la Comisión de Puntos Constitucionales analizó la minuta que en su momento envió el Congreso de la Unión y que se sometió a consideración de los integrantes de la Sexagésima Octava Legislatura.
Al razonar su voto a favor, el diputado David Ramos Zepeda, comentó que la revocación de mandato y la consulta popular, brindan la oportunidad a los ciudadanos para que puedan remover a un servidor público y participar sobre temas nacionales y regionales.
Por parte, el diputado Pablo César Aguilar Palacio afirmó que las adecuaciones constitucionales representan el gran cambio democrático de México, y fortalecen los mecanismos de participación ciudadana en el país. “Hoy los ciudadanos tienen voz, donde las grandes decisiones las toma el pueblo”, resaltó.
En su momento, la diputada Sonia Catalina Mercado Gallegos, celebró los cambios hechos a la minuta en el Senado de la República, donde se establece que, para realizar la revocación de mandato del presidente de la República, se deberá reunir el tres por ciento de los inscritos en la lista nominal electoral distribuidos en 17 estados; y así se elimina el uso político y electoral, de estos mecanismos.
De la misma manera, al hacer uso de la tribuna, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el legislador Rigoberto Quiñonez Samaniego, consideró un privilegio sacar la iniciativa enviada por el Congreso de la Unión al ser un tema de mucha relevancia en los últimos meses. “Es un paso a la democracia que está dando AMLO, quien puede ser juzgado a nivel nacional, donde los ciudadanos tendrán la oportunidad de estar de acuerdo o no”, puntualizó.
En lo que se refiere a las Consulta Popular se podrán realizar sobre temas de trascendencia nacional o regional, pero no podrán ser objeto para la restricción de los derechos humanos, aspectos de materia electoral o sobre el sistema financiero y el Presupuesto de Egresos de la Federación.
En este sentido, el Instituto Nacional Electoral asumirá mediante convenio con las autoridades competentes de las entidades federativas que así lo soliciten la organización de procesos electorales, de consulta popular y de revocación de mandato, en los términos que disponga su Constitución.
Cabe destacar que, a partir de esta aprobación, la Legislatura local cuenta con 18 meses para llevar a cabo las reformas constitucionales locales que así se requieran.