El diputado José Antonio Ochoa Rodríguez presentó una iniciativa mediante la cual se pretende crear la Ley de Responsabilidades Administrativas del estado de Durango, sustituyendo así a la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos.
De esta manera, se armonizará la legislación local en la materia, con el objeto de que los entes públicos del Estado sean obligados a crear y mantener condiciones estructurales y normativas permitiendo el adecuado funcionamiento de la Entidad Federativa en su conjunto.
El legislador comentó que la actuación ética y responsable de cada servidor público se rige por los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad e imparcialidad.
Mencionó también que la corrupción se ha convertido hoy más que nunca en un obstáculo para el desarrollo cultural, político, económico y social, pero sobre todo un claro referente de un problema ético.
Indicó que las prácticas corruptas producen distorsiones en la asignación de recursos, colusión de proveedores, pago de comisiones para la adjudicación de proyectos, frenando así el crecimiento económico, generando barreras que limitan la inversión hacia proyectos sociales.
“A lo largo de la historia, la corrupción ha debilitado los esfuerzos para combatir los problemas que existen en México, tales como la pobreza y la desigualdad social por mencionar algunos, mermando la eficacia para fomentar el crecimiento económico, inversiones extranjeras en el país, siendo la corrupción uno de los principales medios de propagación de la delincuencia, el crimen organizado, y la crisis de seguridad que actualmente nuestro país”, comentó.
Añadió que el objetivo de la presente iniciativa es cumplimentar el mandato emanado de la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción.
Se pretende que estos cambios permitan construir e implementar un ambicioso programa de combate a la corrupción, que incluya la concientización de la sociedad y la cero tolerancia a las acciones ilícitas, con castigos más severos a los funcionarios públicos y a los ciudadanos que las cometan.