Los diputados locales aprobaron las reformas al Código Civil y a la Ley del Notariado para el Estado, las cuales tienen por objetivo brindar seguridad y certeza jurídica a los duranguenses.
Cabe destacar que los integrantes de las Comisiones de Justicia y Gobernación coincidieron que estas reformas buscan estar acorde a la relevancia que tiene la función notarial en el desarrollo tecnológico, fortaleciendo la seguridad jurídica de la entidad en favor de los ciudadanos al crear la obligatoriedad de registrar los avisos de poderes ante notario público concentrándose toda esta información en una base de datos nacional.
De esta manera, el notario ante quien se otorgue un poder o su revocación deberá dentro de los tres días hábiles siguientes dar aviso electrónico del acto a la Dirección General de Notarias, utilizando los sistemas y formatos que se determinen.
Además los poderes o mandatos tendrán la vigencia que fije el otorgante, sin que pueda exceder de 36 meses, contados a partir de la fecha de la expedición.
Estado no puede ser ajeno a este proceso de transformación impulsado desde la federación para la regularización de un Registro Nacional de Avisos de Poderes Notariales, teniendo la imperiosa necesidad de proponer la implementación de reformas legislativas a la Ley del Notariado para la consolidación del RENAP.
Lo anterior, en virtud a que tiene como función principal la integración, almacenamiento, custodia, consulta, verificación y transmisión de la información relacionada con los avisos de poderes notariales a nivel local y nacional, más no regula el intercambio de información en los casos de modificación o revocación que se hace en esta propuesta.
Cabe destacar que el notario constituye una de las instituciones más útiles de la organización jurídica, al contribuir en el estado la sistematización del derecho dado que la actuación notarial tutela la aplicación de la ley, otorgando el cumplimiento del ordenamiento jurídico para que asegure la paz pública, y el orden social.
De esta manera, se tendrá un medio de verificación de la autenticidad de los documentos emitidos por el notario público permitiéndose dotar de mayor certeza y seguridad jurídica a la población en general, protegiendo su patrimonio ya que es indispensable para facilitar la celebración de actos jurídicos y evitar abusos, vicios y errores en los mismos coadyuvando en el mejoramiento de las relaciones sociales en el Estado.