La iniciativa de reformas al Código Penal del Estado, busca establecer que cuando exista violencia familiar, el agresor salga inmediatamente del domicilio común, aunque éste, fuere propietario del inmueble, explicó la diputada Alicia Gamboa Martínez.

“Que sea el agresor en una pareja quien deba dejar la vivienda en la que ambos viven. No tiene por qué enviarse a una mujer y a sus hijos a un refugio. Debe ser en la vivienda donde vive en donde tenga la mayor seguridad y el agresor debe salir”, consideró al realizar la ampliación de motivos.

En este sentido, destacó que de todos es sabido la situación que viven miles de mujeres en México en cuanto a la violencia familiar, en todos sus ámbitos, es decir agresiones físicas, psíquicas, o a su integridad sexual, amenazas, agravios, ofensas o cualquier otra forma de agresión por parte de un miembro de su familia.

Por ello, Gamboa Martínez en esta ocasión y con la firme intención de seguir protegiendo los derechos de las mujeres que son violentadas en sus hogares a nombre del Grupo Parlamentario del PRI, propuso como medida de protección ante situaciones de violencia familiar, que la persona generadora de la misma, salga inmediatamente del domicilio común.

Además, se prevé que debe haber una debida investigación de los hechos que constituyen la violencia, así como la reparación del daño.

La legisladora recordó que han propuesto diversas iniciativas con el objetivo de mitigar este mal social, donde la última reforma propuesta y aprobada por el Pleno de Legislatura, consistió en eliminar ordenamientos que disminuyeran la pena para el delito de lesiones en caso de violencia familiar.

Finalmente, comentó que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo siete de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, “Convención de Belém do Pará, establece que las medidas de protección y garantía del derecho a una vida libre de violencia, implican diversas conductas que el Estado debe de adoptar, por medio de las cuales se le garantice la seguridad a la víctima del delito de violencia familiar.