Existe una violación flagrante de los derechos humanos en el caso de los 100

trabajadores despedidos de manera injustificada en el municipio de Lerdo en 2007,

mencionó la diputada del PRD Elia Estrada Macías, al pedir que el Congreso del

Estado intervenga para detener el avance del conflicto, así como garantizar el

respeto a un derecho inalienable y ayudar a resolver un problema que ya rebasó la

capacidad de la autoridad municipal.

Recordó que fue al inicio de la gestión de Carlos Aguilera, de extracción priista,

cuando se despidió en masa a 100 trabajadores, entre ellos a directores,

subdirectores, jefes de departamento y personal de base. Posteriormente, en

defensa de sus derechos laborales, tales trabajadores interpusieron demanda ante

el Tribunal Burocrático de nuestro estado.

“El despido masivo no tuvo un fundamento jurídico-laboral, su fundamento su

político, a consecuencia del distinto origen partidario de la administración que salía

y la administración que entraba”, aseguró la diputada.

Mencionó que, en enero de 2015, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia

de la Nación reconoció en forma categórica el derecho de los trabajadores a ser

reinstalados en sus puestos de trabajo y a que les sean cubiertos los salarios caídos

contabilizados desde el momento del despido hasta el momento de la resolución

emitida.

Sin embargo, a 10 años de distancia, el Tribunal Burocrático no ha resuelto este

problema que, conforme a lo establecido en la legislación local aplicable, debió

resolverse en un plazo no mayor a un año.

Estrada Macías señaló que hoy el Ayuntamiento de Lerdo, encabezado por María

Luisa González Achem, enfrenta un grave problema de violación de derechos

humanos que tiene una connotación financiera por el orden de los 200 millones de

pesos.

Por ello, la diputada perredista pidió a sus compañeros actuar en forma conjunta e

institucional “ante un problema que reclama nuestra actuación como

representantes populares”.