Recomendaciones tendrían  carácter vinculante: Quiñónes Samaniego

El diputado Rigoberto Quiñónes Samaniego presentó la iniciativa de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para crear la Defensoría de Pueblo en sustitución de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, cuyas recomendaciones tengan carácter vinculante.

“A casi tres décadas de existencia, es necesario reflexionar sobre el trabajo realizado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y repensar el diseño constitucional e institucional del sistema de protección no jurisdiccional, en aras de dar paso a los avances normativos legales y constitucionales que resulten necesarios para acompañar la transformación de la compleja realidad del país en esta materia”, puntualizó.

En este sentido, explicó que  la Defensoría del Pueblo conocerá en toda la República, a través de sus representaciones en las entidades federativas, las quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público, con excepción de los del Poder Judicial de la Federación, que violen estos derechos.

“Se  busca constituir la Defensoría del Pueblo como organismo nacional de protección de los derechos humanos y como una instancia más eficiente, cercana a la ciudadanía y comprometida con los derechos e intereses del pueblo mexicano, donde las recomendaciones emitidas tengan un carácter vinculatorio”, destacó el coordinador del Grupo Parlamentario del PT.

Además de ello, Quiñonez Samaniego precisó que se busca  evitar lo que lamentablemente sucede en muchos estados de la república, en los que los organismos de protección de derechos humanos no son autónomos, no son eficientes y, en algunos casos, se encuentran abiertamente sujetos a la voluntad e intereses del poder político.

Como parte de las reforma, se prevé establecer que la designación de la persona titular de la Defensoría del Pueblo, así como de los integrantes del Consejo Consultivo, y de los representantes de la Defensoría el Pueblo de las entidades federativas, se ajustarán a un procedimiento de consulta pública transparente, en los términos y condiciones que determine la ley.

Así como establecer la obligación a que  el titular de la Defensoría presente anualmente a los Poderes de la Unión, un informe de actividades y comparezca ante el pleno de las Cámaras del Congreso.

“Se busca se investigue hechos que constituyan violaciones graves de derechos humanos, cuando así lo juzgue conveniente o lo pidieren las víctimas, además del Ejecutivo Federal, alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, los titulares de los poderes ejecutivos de las entidades federativas o las Legislaturas”, finalizó.