Se turnó a la Comisión Trabajo y Previsión Social

La iniciativa de reformas a la Ley Federal del Trabajo tiene por objetivo garantizar los derechos humanos de los trabajadores y agilizar los asuntos que se presentan en los tribunales laborales que existen en el país y Durango, informó el diputado Ramón Román Vázquez.

Durante la sesión de la Comisión Permanente, precisó que la mayoría de las empresas que se condenan por la autoridad laboral a pagar los laudos, no lo hacen, afectando los derechos de los trabajadores, ya que se cambian de domicilio, de razón social y de representantes legales.

“En nuestro estado de Durango ha sido un problema mayor, ya que la mayoría de las empresas se escudan en la violatoria reforma laboral aprobada en 2012, para entorpecer los procedimientos laborales a su favor, para que sus ex empleados se den por vencidos tomen la mina cantidad de dinero”, resaltó el legislador.

Detalló que el principio de progresividad del artículo primero Constitucional se ve vulnerado por el actual artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo, puesto que éste constituye una regresión, al limitar al trabajador de percibir el pago íntegro de los salarios caídos hasta el cumplimiento del fallo, pues le impide con ello el goce de una vida digna, máxime de haber sido despedido injustificadamente.

“El Grupo Parlamentario de Morena presentamos la iniciativa para que se garanticen los derechos de los trabajadores en un tiempo más corto y que no se vean perjudicados en su patrimonio”, indicó Román Vázquez.

De esta manera, se busca establecer que el trabajador podrá solicitar ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, que se le reinstale en el trabajo que se desempeña o que se le indemnice con el importe de tres meses de salario. 

Además, si en el juicio correspondiente no comprueba el patrón la causa de la rescisión, el trabajador tendrá derecho a que se le paguen los salarios vencidos desde la fecha del despido hasta que se complemente el laudo.

La iniciativa presentada a nombre del Grupo Parlamentario de Morena se turnó para su análisis a la Comisión Trabajo y Previsión Social.