- Como legisladores nos corresponde asegurar que nunca más se defraude a una persona
Desafortunadamente, las personas de más escasos recursos son quienes se encuentran en un mayor estado de indefensión, y quienes exigen nuestro actuar responsable, para que la labor notarial esté al servicio de ellos y nunca en su perjuicio; pronuncio enfática ante la tribuna del Congreso la diputada Mar Grecia Oliva.
La propuesta de reforma presentada ante el Pleno por el Grupo Parlamentario del PAN-PRD tiene por objeto estipular en la Ley del Notariado para el Estado de Durango, un artículo 47 bis, que especifique que al tramitar un poder (sea que se otorgue, revoque, modifique, extinga o renuncie), el notario deberá dar aviso de dicha diligencia a la Dirección General de Notarías, para que ésta, a su vez, de parte al Registro Nacional de Poderes Notariales. De igual manera, se propone referenciar esta obligación en el Código Civil de la Entidad a fin de clarificar y no generar duda o confusión en cuanto a esta obligación.
Si bien la responsabilidad de consolidar una sociedad de mayor seguridad jurídica es, en principio de cuentas, una labor propia de los notarios, a nosotros como legisladores nos corresponde hacer lo propio para asegurar que nunca más una persona sea defraudada, que se falsifique algún poder notarial, y se emplee en el detrimento de su patrimonio agrego la Legisladora Local.
Dentro de los esfuerzos encaminados a fortalecer esta labor, se encuentra el Registro Nacional de Avisos de Poderes Notariales como un instrumento mediante el cual se pretende dar mayor certeza a los múltiples casos en que una persona pretende actuar en nombre y por cuenta de otra a través de un poder notarial.
La creación de este Registro tiene su antecedente en el año 2005 y surge como una respuesta a la carencia de información actualizada y precisa sobre la vigencia del mandato jurídico en escritura pública. Esta carencia de información había generado incertidumbre jurídica y la falsificación de poderes notariales.
En el 2009 la Secretaría de Gobernación y el Gobierno del Estado de Durango establecieron un Convenio de Coordinación para contribuir a la constitución del Registro Nacional de Poderes Notariales y hacer funcional la información contenida en el mismo. En dicho convenio las partes firmantes asumen diversos compromisos. Entre ellos se encuentra el “Impulsar las reformas legislativas necesarias a fin de modificar el Código Civil y la Ley del Notariado del Estado de Durango, para la consolidación del Registro Nacional de Poderes Notariales.”
Reconoció la labor de los notarios ya que como encargados de autentificar actos y hechos jurídicos, el notario cumple una función pública imprescindible para cualquiera sociedad; pues haciendo un apretado resumen de sus labores, el notario es quien asesora a las partes, interpreta su voluntad, redacta, lee, explica y autoriza los instrumentos legales correspondientes, encargándose también de su conservación y reproducción pero debemos darles mayores elementos, concluyó la Legisladora.