• Se armonizará Carta Magna local a lo que plasma la Federal

 

La iniciativa de reformas a la Constitución Política del Estado en materia de disciplina financiera, busca asegurar el manejo transparente, responsable y eficiente de los recursos públicos, afirmó coordinador de los diputados del GPPRI, Ricardo Pacheco Rodríguez.

Lo anterior en virtud a la iniciativa que presentaron los diputados priistas, con el respaldo de las representaciones del Partido Nueva Alianza y el Partido Verde Ecologista de México, misma que se turnó para su análisis y dictaminación a la Comisión de Estudios Constitucionales.

Al realizar la ampliación de motivos, Pacheco Rodríguez señaló que se busca establecer mecanismos jurídicos que promuevan el uso eficiente de los recursos públicos y la correcta aplicación de los programas sociales, para contar con finanzas sanas que ayuden a reducir los índices de pobreza entre la sociedad.

“Los diputados del PRI y sus aliados tenemos muy claro los cambios que reclama la ciudadanía, por lo que se busca concretar este avance jurídico, que se busca dar cumplimiento a lo que plasma la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios””, puntualizó.

De esta manera, se busca precisar en la Carta Magna Federal el carácter de los servidores públicos para efectos de responsabilidades en el manejo indebido de recursos y deuda pública; otorgar facultades a la Entidad de Auditoría Superior del Estado para que fiscalice las acciones del Estado y municipios en materia de fondos, recursos locales y deuda.

Así como establecer que el Estado y los ayuntamientos no pueden contraer empréstitos u obligaciones, sino cuando se destinen a inversiones públicas productivas y a su refinanciamiento o reestructura, las cuales deben realizarse bajo las mejores condiciones del mercado, inclusive los que contraigan organismos descentralizados, empresas públicas y fideicomisos.

De la misma manera, la reforma constitucional deja claro el requisito de votación por el cual la Legislatura Local deberá autorizar los montos máximos para contratar dichos empréstitos y obligaciones, previo análisis de su destino y capacidad de pago.

Se establece que las cuentas públicas del año anterior deberán ser enviadas a la Legislatura del Estado, a más tardar el 30 de abril y que sólo se podrá ampliar el plazo de presentación cuando medie solicitud del Gobernador, suficientemente justificada a juicio de la Legislatura.

Agregó que esta modificación constitucional surgió en la necesidad impostergable de reformar Constitución Política, con la finalidad de garantizar en el mediano y largo plazos, un manejo adecuado de las finanzas públicas de las entidades federativas y los municipios, con el fin último de generar condiciones que permitan el crecimiento de nuestra economía en beneficio de la población.