Brinda a los ciudadanos una legislación de
vanguardia en el ámbito de la privacidad
Durango, se convirtió en el primer estado del país en aprobar la Ley de Protección
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado, la cual impone
un límite a las actuaciones de las autoridades que pudieran transgredir los
derechos de los duranguenses.
Con el aval unánime de los legisladores y producto de los acuerdos, la Sexagésima
Séptima Legislatura sigue dando resultados positivos a los duranguenses a través
de la nueva ley que establece estándares de igualdad que garantice a toda
persona la protección de sus datos personales, así como al ejercicio de sus
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a datos personales, en
igualdad de condiciones, a través de trámites sencillos y expeditos.
De la misma manera, se da cumplimiento a lo que plasma a Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligado.
En este sentido, El Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y de
Protección de Datos Personales tiene por objetivo garantizar la privacidad de toda
persona, mediante el establecimiento de bases, principios, obligaciones y
procedimientos para asegurar el derecho a la protección de los datos personales
que se encuentren en posesión de sujetos obligados en el ámbito estatal.
Al respecto se establece como sujetos obligados cualquier autoridad, entidad,
órgano y organismo del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Órganos Autónomos,
Universidades e Instituciones Públicas de Educación Superior, Partidos Políticos,
Fideicomisos y fondos públicos.
Así como los sindicatos y cualquier otra persona física o moral que reciba y ejerza
recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito estatal y municipal
serán responsables de los datos personales, de conformidad con la normatividad
aplicable para la protección de datos personales en posesión de los particulares.
Cabe destacar que la nueva Ley es resultado de la iniciativa que presentó en su
momento el Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y de
Protección de Datos Personales y que analizó y dictaminó la Comisión de
Gobernación.