Se crea la Comisión Ejecutiva como organismo
público descentralizado
Por unanimidad, el Pleno del Congreso local, aprobó la nueva Ley de Víctimas del
Estado, con la finalidad de establecer los derechos, procedimientos, medidas y
mecanismos para el efectivo ejercicio y goce de los derechos de las víctimas del
delito o violaciones a los derechos humanos, a través de la asistencia, atención y
reparación integral.
El nuevo ordenamiento jurídico es resultados de las iniciativas que presentaron la
diputada Alma Marina Vitela Rodríguez y el Gobernador del Estado, las cuales
analizó la Comisión de Seguridad Pública del Poder Legislativo.
De esta manera, se contará con el Sistema Estatal que será la instancia superior en
el Estado de formular y coordinar las políticas públicas y tendrá por objeto la
planeación, consolidación y supervisión de los planes, proyectos, programas,
servicios y acciones institucionales e interinstitucionales que se implementen para
la protección, ayuda, asistencia, atención, acceso a la justicia, a la verdad y a la
reparación integral a las víctimas en el ámbito estatal y municipal en coordinación
con la federación.
Además se crea la Comisión Ejecutiva Estatal como un organismo público
descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios; con autonomía
técnica y de gestión que contará con los recursos que le asigne el Presupuesto de
Egresos del Estado; sectorizado a la Secretaría General de Gobierno, que tendrá
por objetivo garantizar, promover y proteger los derechos de las víctimas del
delito.
Así mismo se contará con un Fondo Estatal para brindar los recursos de ayuda y la
reparación integral de las víctimas del delito y las víctimas de violaciones a los
derechos humanos, siguiendo criterios de transparencia, oportunidad, eficiencia y
rendición de cuentas.
También contempla un Comité Interdisciplinario Evaluador, estableciéndolo como
un área de la Comisión Ejecutiva Estatal encargada de emitir opiniones técnicas y
elaborar los proyectos de compensación.
Por otra parte, se instaura la obligación para Fiscalía y Secretaria de Seguridad
Pública de capacitar a su personal respecto de los contenidos temáticos de la
presente Ley y Ley General de Victimas, así como la supervisión de los programas
de capacitación correspondientes.