Se debe implementar un esquema que sancione
a los funcionarios que incurran en la ilegalidad
La diputada Jacqueline del Rio López presentó la iniciativa de reformas a la
Constitución Política del Estado, con la finalidad de desaparecer el fuero de todo
servidor público que actualmente impide que sean sometidos a juicio penal,
sujetando al servidor público al principio de igualdad ante la ley.
En este sentido, explicó que se busca que la responsabilidad penal de un servidor
público no quede supeditada a la resolución previa y discrecional de un órgano
político, como lo es el Congreso, sino que en caso precisamente de que los
servidores públicos, ya sea de elección popular o por designación estatal o
municipal; de los poderes Legislativo, Ejecutivo, judicial o de un organismo
constitucional autónomo, sean sometidos al proceso penal respectivo sin
beneficiarse de inmunidad.
Lo anterior en virtud, de que el fuero procesal se ha convertido en un incentivo
constante para la corrupción política más que en un medio legitimo para proteger a
la función pública, lo que daña la vida republicana y la legitimidad del sistema
democrático.
Además de que el régimen constitucional vigente en materia de inmunidad
procesal es no sólo una fuente constante de impunidad, constituye una violación al
derecho fundamental de igualdad ante la ley.
“Inmunidad e impunidad deben dejar de percibirse como sinónimos a los ojos de
una ciudadanía que no confía en su sistema de justicia; los síntomas y
padecimientos de nuestro Estado indican que el fuero mina la institucionalidad
democrática y agrava la corrupción que enferma y atormenta a nuestro país”,
destacó Del Rio López.

En este sentido, consideró que la reforma que propone constituye uno de los más

eficaces instrumentos de control del ejercicio del poder político y de combate a la
corrupción, bajo el cual la ejemplaridad del proceso penal incrementaría su
eficacia, pues todo servidor público sabría que en caso cometer un delito, el cargo,
empleo o comisión no le depararía ninguna inmunidad procesal y sería sometido a
juicio como cualquier persona.
Finalmente, señaló que la transición democrática en la Entidad no podrá realizarse
si no se fortalece el Estado de Derecho, lo cual sólo podrá materializarse si se
implementa un esquema efectivo de rendición de cuentas, que pasa por la
determinación de responsabilidades y el fincamiento de las sanciones
correspondientes a los servidores públicos que incurran en el ilegal ejercicio de sus
funciones.