Adoptantes no deben estar inscritos en el Registro Público de Deudores Alimentarios Morosos
Las personas que pretendan adoptar a un niño, niña o adolescente, no deben estar considerados como deudores alimentarios, ya que se debe considerar de manera primordial el interés superior de la niñez, señaló el diputado David Ramos Zepeda.
De esta manera, a nombre del Grupo Parlamentario del PAN, presentó la iniciativa que prevé incluir como requisito dentro de la Ley de Adopciones del Estado, que quien pretenda adoptar a un menor, no esté inscrito en el Registro Público de Deudores Alimentarios Morosos del Estado.
“Para los casos en que se pretenda la adopción de un menor dentro de nuestro Estado, se debe considerar por encima de todo su seguridad e integridad y, de existir el antecedente de incumplimiento de obligación alimentaria de aquel o aquellos que pretendan convertirse en adoptantes, se debe impedir el trámite respectivo”, puntualizó al hacer uso de la tribuna.
Lo anterior, en virtud de que la niña, niño o adolescente que se entregue al cuidado de personas que incumplen con la citada obligación, deber conlleva el riesgo de desatención o hasta el peligro de un desarrollo deficiente del adoptado o adoptados.
“Por ello, se busca establecer una forma legal para que los deudores alimentarios cumplan con una obligación primordial que es la pensión alimenticia, la cual se caracteriza por ser intransferible, imprescriptible, irrenunciable e inembargable, siempre privilegiando el interés superior del menor”, resaltó durante la sesión ordinaria.
Ramos Zepeda detalló que la relación que se entabla entre adoptante y adoptado se equipara a la existente entre padres e hijos, lo que conlleva iguales derechos y obligaciones para ambas partes, ya que se establecen relaciones familiares con todo lo que ello significa.
El legislador recordó que a nivel nacional se ha venido impulsando la creación del llamado Registro de Deudores Alimentarios, por lo que en numerosas entidades federativas del país se han puesto en marcha las políticas públicas para su implementación y funcionamiento, como es el caso de Durango.